La preocupación por la protección del medio rural en España, considerado
como cuna de la mayor parte de nuestros recursos naturales, pilar, aval y apoyo
de un medio ambiente salutífero, guardián de una parte significativa de nuestro
patrimonio cultural y motor de nuevas tendencias de la actividad agropecuaria y
residencial, es el origen de un movimiento reivindicativo que desde hace
décadas, reclama un
nuevo y propio modelo de gestión del espacio rural que, sirva de soporte a su
desarrollo económico, garantice la
conservación y preservación de sus recursos naturales y fomente la calidad de
vida de sus ciudadanos.
Las nuevas dificultades económicas
y sociales para el desarrollo del medio rural que conlleva la actual etapa de
globalización, en comparación a las del medio urbano, ha favorecido y favorece
la presencia de notables diferencias entre los ciudadanos de uno y otro medio,
lo que exige un sincero y efectivo esfuerzo en la consecución de una mayor
integración y relación de complementariedad ente ambos territorios, desechando
definitivamente la deriva tradicional de la existencia de una relación de
accesoriedad o de servicio y dependencia, muy enraizada en la teoría e
ideología del urbanita urbanista.
Necesitamos dar respuesta a una conciencia, ya mayoritaria y fuertemente
arraigada en nuestra sociedad que exige un
desarrollo moderno, propio, sostenible, solidario e igualitario de un
medio rural en la actual coyuntura de globalización económica. Necesitamos
dotarnos de una legislación que se adapte a las condiciones económicas,
sociales y medioambientales actuales, que ofrezca una solución justa a tal espacio, desde una dimensión integradora con el espacio urbano, que considere las
edificaciones y núcleos urbanos emplazados en su territorio, elementos
dinámicos y funcionales necesarios para el desarrollo de su medio natural, que
reconozca las diversas tipologías de zonas y marque una atención diferenciada
para cada una, que proteja la diversidad patrimonial, cultural, medio ambiental
y económica de sus propios territorios. No se pretende urbanizar los
territorios como si de un medio urbano se tratara, mas bien al contrario
reconociendo sus peculiaridades
naturales propias, sea capaz de aportar soluciones que respondan a su intereses
en una sociedad como actual. Las áreas rurales no pueden quedar al margen de
los debates actuales de la urbanística.
La formulación
de objetivos legislativos supone la tarea previa de identificación de las
necesidades de la población sobre el territorio, necesidades objetivas y
subjetivas, junto con necesidades prospectivas, como un movimiento de
anticipación del futuro, que posibilite “futuros deseables” y “espacios
inteligentes”.
Las
iniciativas legislativas que fomenten el desarrollo, sólo pueden generar
estrategias sostenibles si actúan inteligentemente; es decir, si tienen
capacidad para: a) analizar la realidad y responder a los problemas; b) modificar los planteamientos y las
respuestas en función de una realidad cambiante; y c) criticar y desembarazarse de aquellos aspectos de la “cultura”
contrarios al desarrollo de los pueblos que frenan sus posibilidades y
favorecen la resignación, la pasividad y el aburrimiento social.
protagonistas y partícipes de su propio desarrollo. Un espacio con capacidad de inteligencia y emprendimiento que reconozca desde si mismo su futuro en las sociedades actuales.
Lo tenemos
cerca y es posible….Trabajemos por ello!
